Por Laura Orozco Quintero
Una calle sin pavimentar y con sus aceras llenas de escombros conducen al
omitido barrio La Isabela, ubicado en la carrera 3ra y 5ta con calle 15 del
municipio de Villamaría Caldas . En su entrada se ve claramente un cartel de
licencia de construcción, avanzamos y encontramos una colina ahora, la única
calle pavimentada con la que cuenta esta urbanización.
Para el año 2000 se presenta en dicho municipio la oportunidad de obtener
vivienda con un nuevo proyecto de urbanización. Apoyado en su gobierno por
el ex-alcalde Jairo Alberto Llano y la desaparecida asociación Promover cuyo
representante legal fue el líder del partido liberal Jorge Eliecer Restrepo.
De acuerdo a la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, Resolución Nº 1441 del 28 de abril de 1997 la
urbanización contaría con las debidas normas de urbanismo como
alcantarillado, electricidad y vías. Autorizando a la Asociación Promover para la
debida construcción de viviendas de interés social.
Tras obtener el aval de la alcaldía, el 11 de diciembre de 2000 se anexa dicho
proyecto en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del municipio. Así mismo
el 14 de diciembre de 2000 se solicita a la a la Oficina de Planeación Municipal
de Villamaría (Caldas), autorización para captar dineros y una licencia de
construcción y urbanización para 150 soluciones de vivienda, ubicadas en la
carrera 3 con calle 16, en los predios identificados con las fichas catastrales N°
01-01-001-0592-000 y 01-01-001-00591-00 .Dando respuesta y autorización el
16 de diciembre del mismo año. ( Anexo foto # 1 )
Se presenta acogida por parte de 117 familias de escasos recursos que
buscaban ser beneficiarias, en la que cada una debía pagar entre 3 millones
500 mil pesos y 5 millones de pesos dependiendo la ubicación del predio.
Para el 28 de octubre del año 2001 todos los lotes habían sido vendidos 112
lotes en 3 millones 500 mil pesos cada uno y 5 lotes en 5 millones cada uno,
para un total de 417 millones recaudados en la venta de lotes de dicha
Los que se creían serían los habitantes del barrio la Isabela ahora estaban por
las calles de Manizales y el municipio de Villamaría , participando de marchas y
presentado demandas debido a que la urbanización nunca se llevó a cabo.(
Hernán Osorio Arenas es uno de los afectados, en esa época se enteró del
proyecto a través del voz a voz que se generó en el municipio debido al bajo
precio de los lotes y la excelente ubicación. Arenas con el sueño de poder tener
una casa propia decide renunciar a la empresa TCC, donde laboro por más de
8 años para obtener algo de dinero por su liquidación. Gracias a ésta, adquiere
un lote por 3 millones 500 mil pesos.
“Siempre estábamos preguntando y buscando a las personas que nos habían
vendido pero siempre nos embolataban diciéndonos que si se iba a realizar que
tuviéramos paciencia pero nunca se dio nada”. Pasó el año 2001, 2002, 2003
hoy 15 años después, Osorio Arenas no pudo construir y mucho menos habitar
Después de indagar, en octubre del 2004 la comunidad se entera que el predio
estaba anexado en el POT como terreno de expansión, por lo cual no podía
tener obras de construcción. Al ver sus ilusiones perdidas, se conforma una
asamblea entre los mismos afectados, con el objetivo de interponer una acción
de grupo y las correspondientes demandas por estafa agravada y urbanización
ilegal en contra de la Asociación Promover, el alcalde del momento Jairo
Alberto Llano y el secretario de planeación quien dio el aval en planos, Luis
El proceso para los anteriores duro entre 4 y 5 años, el 20 de diciembre de
2007, la Fiscalía General de la Nación, profirió resolución de acusación a Jorge
Eliécer Restrepo Henao, María Maryory Duque Arias esposa de Restrepo
Henao, Luz Clemencia Torres Ruiz encargada de recibos y cancelación de
predios, Alberto López Osorio (Gerente del Acueducto de Villamaría) por
autorización para acueductos y Luis Fernando Marín Osorio (Secretario de
Planeación Municipal) como presuntos coautores de los delitos de estafa
agravada y urbanización ilegal, según los artículos 31 único parágrafo, 246,
247.3 y 267.1 y 318 del Código Penal.
Uno de los primeros obstáculos para la comunidad fue el asesinato de señor
Jorge Eliecer Restrepo el 6 de noviembre de 2008, en lo que se cree un ajuste
de cuentas entre ex-paramilitares del frente “cacique pipintá”.
Sumado a esto la asociación Promover no contaba con alguien responsable,
por lo cual la misma comunidad decide crear la ONG La Isabela y poder contar
con representación legal y poder obtener respuesta a las demandas.
Hoy la Asociación Promover registrada en la cámara de comercio de Manizales
con el nit Nº 810-002-05 ubicado en la calle 7 # 4 – 53 oficina 4 en nombre de
María Cecilia Gómez Marulanda, se encuentra inactiva desde el año 2003 y la
dirección de atención no existe.
Aunque seguían los procesos en contra el señor Luis Fernando Marín para el
año de 2008 precedió el gobierno de Alberto Llano, durante este gobierno se
interesó por resarcir el daño a la comunidad de la fallida urbanización la
Isabela. Marina Martínez Jiménez actual presidenta de la ONG La Isabela, fue
contactada por Marín para ofrecer su apoyo.
El apoyo brindado a la comunidad permitió que fueran devueltos los terrenos
para construcción a la ONG, por lo cual desde el año 2011 se encuentran
escriturados 75 predios. El señor Marín, pedía a cambio de la ayuda que
quitaran las demandas interpuestas a lo que la comunidad jamás accedió.
Entre la misma ONG debieron pagar profesionales en urbanismo y electricidad
por un costo de 16 millones, la licencia de construcción por 266 millones y los
distintos abogados. “Entre todos recogíamos de a 136 mil pesos para unir y
pagar cada profesional y licencia, además el hijo de un actual postulante a la
alcaldía nos dañó 800 metros de terreno incluido alcantarillado” afirma Marina
El hijo del actual postulante Gustavo Idárraga quien lleva 15 años en el consejo
de Villamaría, entro en la noche y rompió 800 metros de alcantarillado y terreno
por lo cual la comunidad de nuevo invirtió 47 millones en el arreglo de los
daños.(anexo fotos # 5, 6 y 7)
Tras recibir más de 10 amenazas la ONG instaura demanda en contra de Luis
Fernando Marín por daños y prejuicios. Martínez Jiménez no se explica cómo
esa demanda desapareció pero el implicado nunca tuvo un juicio. Tanto que el
mismo abogado de la organización decide retirarse del caso.
El expediente que se encuentra en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Manizales, tras la muerte de Jorge Eliécer Restrepo Henao, profirió sentencia,
condenando a Luis Fernando Marín Osorio, Luz Clemencia Torres Ruiz, María
Maryory Duque Arias y Alberto López Osorio a la pena principal de 72 meses
de prisión y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
por un lapso igual a la privativa de la libertad, como coautores de las
conductas punibles de estafa agravada y urbanización ilegal.
El caso del ex-alcalde Jairo Alberto Llano se encuentra en el Juzgado Sexto
Penal Del Circuito de Manizales, en el cual se encuentran 2 cuadernillos donde
pesa más de una excusa por parte de Llano buscando aplazar el juicio. Llano
fue condenado por urbanización ilegal el 25 de enero de 2013, por lo cual
obtuvo detención domiciliaria debido a que se comprometió a consignar 39
millones de pesos, dinero que jamás llego a manos de la organización. En el
oficio Nº 2242 alude que en octubre 25 de 2013 le fue retirado el mecanismo
de vigilancia electrónica.
Los coautores lograron obtener prisión domiciliaria alegando que en el
momento de los hechos estaban en la condición de servidores públicos y
debían seguir los lineamientos.
En marzo de 2013 el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de
Colombia presentó un informe en el que se ubicaba al departamento de
Caldas como el segundo con más sanciones penales contra empleados
públicos por cada 100 mil habitantes. Señalando además que los alcaldes
colombianos son los funcionarios más sancionados en relación con la cantidad
de personas que ocupan este cargo. Seguido por concejales y los miembros
de la fuerza pública. La muestra abarca los fallos emitidos entre noviembre del
2011 y noviembre de 2012.
Además el estudio arrojó que el 37,5 % de las sanciones penales contra
servidores en Caldas fueron por peculado. Este es el delito en el que más
incurren los empleados del Estado y se entiende como el hurto, apropiación o
uso indebido de los bienes públicos.
Hoy el ex alcalde Jairo Alberto Llano esta con detención domiciliaria a la
espera del juicio acusado por nexos con grupos paramilitares de Caldas
durante su tiempo como alcalde. Llano es el cuarto alcalde de Caldas acusado
El departamento de Caldas es uno de los más azotados en corrupción por
parte de concejales, alcaldes y hasta un gobernador destituido, además de
estar implicados en distintos caso, por ejemplo el antecesor de Alberto Llano el
congresista Dixon Tapasco, condenado por parapolítica y es quien tiene
proceso por el asesinato del periodista Orlando Sierra . Son varios los
implicados por corrupción y de los cuales hay varios asesinatos a manos de
paramilitares buscando ajuste de cuentas
Hoy, la ONG la Isabela está a la espera de escriturar el último dueño, y se
planea disolver dicha organización debido a que ya sus pretensiones se han
resuelto, obtuvieron el terreno y pudieron escriturar sus lotes, el panorama del
barrio es un espacio con más de 5 casas en obra la negra, la única calle que
fue pavimentada se encuentra con grietas debido al material pesado que
constantemente se transita para la construcción de las nuevas viviendas. Tan
solo 10 de las 117 familias ocupan hoy el terreno la Isabela, los otros optaron
por perder la paciencia para poder construir y deciden vender los lotes.
Los habitantes de Villamaría están en una encrucijada puesto que todos los
precandidatos por la alcaldía liberales , conservadores y radicales están
divididos y en su historial aparece algún proceso con la justicia, y el reto está
en la confianza que los propios ciudadanos ponen en sus gobernadores.
Actualmente se encuentran escépticos y alertas frente a los nuevos planes de
vivienda de interés social .Hace aproximadamente 5 años se planteó un plan
de viviendas para damnificados de la ciudad de Manizales, en las cuales el
gobierno de villamaria beneficiaria a 80 familias con viviendas propias, el
proyecto tenia por nombre Urbanización Santa Ana que estaría ubicado en el
sector conocido como las granjas. De 80 casas que se tenían previsto se
construyeron 25 las cuales fueron habitadas por familias que podían adquirir a
través de compra por inmobiliarias.
Ahora la comunidad es reacia, desde el mes de enero y hasta el sol de hoy se
ha planteado un nuevo proyecto para damnificados de la ciudad de Manizales
una ciudadela de 65 apartamentos ubicados entre el barrio altos del portón y
el barrio nuevo horizontes carrera 9 con calle 10 de Villamaría , para lo cual la
junta de acción comunal de dichos barrios han acudido a un derecho de
petición, alegando porque las obras están destinadas para damnificados de la
ciudad de Manizales y no para los damnificados o familias de escasos
recursos que no cuentan con vivienda propia y que si pertenecen al municipio
de Villamaría donde serían construidas las obras.
