Corrupción en la Isabela

Por Laura Orozco Quintero

 

Una calle sin pavimentar y con sus aceras llenas de escombros conducen al

omitido barrio La Isabela, ubicado en la carrera 3ra y 5ta con calle 15 del

municipio de Villamaría Caldas . En su entrada se ve claramente un cartel de

licencia de construcción, avanzamos y encontramos una colina ahora, la única

calle pavimentada con la que cuenta esta urbanización.

Para el año 2000 se presenta en dicho municipio la oportunidad de obtener

vivienda con un nuevo proyecto de urbanización. Apoyado en su gobierno por

el ex-alcalde Jairo Alberto Llano y la desaparecida asociación Promover cuyo

representante legal fue el líder del partido liberal Jorge Eliecer Restrepo.

De acuerdo a la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma

Regional de Caldas, Resolución Nº 1441 del 28 de abril de 1997 la

urbanización contaría con las debidas normas de urbanismo como

alcantarillado, electricidad y vías. Autorizando a la Asociación Promover para la

debida construcción de viviendas de interés social.

Tras obtener el aval de la alcaldía, el 11 de diciembre de 2000 se anexa dicho

proyecto en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del municipio. Así mismo

el 14 de diciembre de 2000 se solicita a la a la Oficina de Planeación Municipal

de Villamaría (Caldas), autorización para captar dineros y una licencia de

construcción y urbanización para 150 soluciones de vivienda, ubicadas en la

carrera 3 con calle 16, en los predios identificados con las fichas catastrales N°

01-01-001-0592-000 y 01-01-001-00591-00 .Dando respuesta y autorización el

16 de diciembre del mismo año. ( Anexo foto # 1 )

Se presenta acogida por parte de 117 familias de escasos recursos que

buscaban ser beneficiarias, en la que cada una debía pagar entre 3 millones

500 mil pesos y 5 millones de pesos dependiendo la ubicación del predio.

Para el 28 de octubre del año 2001 todos los lotes habían sido vendidos 112

lotes en 3 millones 500 mil pesos cada uno y 5 lotes en 5 millones cada uno,

para un total de 417 millones recaudados en la venta de lotes de dicha

Los que se creían serían los habitantes del barrio la Isabela ahora estaban por

las calles de Manizales y el municipio de Villamaría , participando de marchas y

presentado demandas debido a que la urbanización nunca se llevó a cabo.(

Hernán Osorio Arenas es uno de los afectados, en esa época se enteró del

proyecto a través del voz a voz que se generó en el municipio debido al bajo

precio de los lotes y la excelente ubicación. Arenas con el sueño de poder tener

una casa propia decide renunciar a la empresa TCC, donde laboro por más de

8 años para obtener algo de dinero por su liquidación. Gracias a ésta, adquiere

un lote por 3 millones 500 mil pesos.

“Siempre estábamos preguntando y buscando a las personas que nos habían

vendido pero siempre nos embolataban diciéndonos que si se iba a realizar que

tuviéramos paciencia pero nunca se dio nada”. Pasó el año 2001, 2002, 2003

hoy 15 años después, Osorio Arenas no pudo construir y mucho menos habitar

Después de indagar, en octubre del 2004 la comunidad se entera que el predio

estaba anexado en el POT como terreno de expansión, por lo cual no podía

tener obras de construcción. Al ver sus ilusiones perdidas, se conforma una

asamblea entre los mismos afectados, con el objetivo de interponer una acción

de grupo y las correspondientes demandas por estafa agravada y urbanización

ilegal en contra de la Asociación Promover, el alcalde del momento Jairo

Alberto Llano y el secretario de planeación quien dio el aval en planos, Luis

El proceso para los anteriores duro entre 4 y 5 años, el 20 de diciembre de

2007, la Fiscalía General de la Nación, profirió resolución de acusación a Jorge

Eliécer Restrepo Henao, María Maryory Duque Arias esposa de Restrepo

Henao, Luz Clemencia Torres Ruiz encargada de recibos y cancelación de

predios, Alberto López Osorio (Gerente del Acueducto de Villamaría) por

autorización para acueductos y Luis Fernando Marín Osorio (Secretario de

Planeación Municipal) como presuntos coautores de los delitos de estafa

agravada y urbanización ilegal, según los artículos 31 único parágrafo, 246,

247.3 y 267.1 y 318 del Código Penal.

Uno de los primeros obstáculos para la comunidad fue el asesinato de señor

Jorge Eliecer Restrepo el 6 de noviembre de 2008, en lo que se cree un ajuste

de cuentas entre ex-paramilitares del frente “cacique pipintá”.

Sumado a esto la asociación Promover no contaba con alguien responsable,

por lo cual la misma comunidad decide crear la ONG La Isabela y poder contar

con representación legal y poder obtener respuesta a las demandas.

Hoy la Asociación Promover registrada en la cámara de comercio de Manizales

con el nit Nº 810-002-05 ubicado en la calle 7 # 4 – 53 oficina 4 en nombre de

María Cecilia Gómez Marulanda, se encuentra inactiva desde el año 2003 y la

dirección de atención no existe.

Aunque seguían los procesos en contra el señor Luis Fernando Marín para el

año de 2008 precedió el gobierno de Alberto Llano, durante este gobierno se

interesó por resarcir el daño a la comunidad de la fallida urbanización la

Isabela. Marina Martínez Jiménez actual presidenta de la ONG La Isabela, fue

contactada por Marín para ofrecer su apoyo.

El apoyo brindado a la comunidad permitió que fueran devueltos los terrenos

para construcción a la ONG, por lo cual desde el año 2011 se encuentran

escriturados 75 predios. El señor Marín, pedía a cambio de la ayuda que

quitaran las demandas interpuestas a lo que la comunidad jamás accedió.

Entre la misma ONG debieron pagar profesionales en urbanismo y electricidad

por un costo de 16 millones, la licencia de construcción por 266 millones y los

distintos abogados. “Entre todos recogíamos de a 136 mil pesos para unir y

pagar cada profesional y licencia, además el hijo de un actual postulante a la

alcaldía nos dañó 800 metros de terreno incluido alcantarillado” afirma Marina

El hijo del actual postulante Gustavo Idárraga quien lleva 15 años en el consejo

de Villamaría, entro en la noche y rompió 800 metros de alcantarillado y terreno

por lo cual la comunidad de nuevo invirtió 47 millones en el arreglo de los

daños.(anexo fotos # 5, 6 y 7)

Tras recibir más de 10 amenazas la ONG instaura demanda en contra de Luis

Fernando Marín por daños y prejuicios. Martínez Jiménez no se explica cómo

esa demanda desapareció pero el implicado nunca tuvo un juicio. Tanto que el

mismo abogado de la organización decide retirarse del caso.

El expediente que se encuentra en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de

Manizales, tras la muerte de Jorge Eliécer Restrepo Henao, profirió sentencia,

condenando a Luis Fernando Marín Osorio, Luz Clemencia Torres Ruiz, María

Maryory Duque Arias y Alberto López Osorio a la pena principal de 72 meses

de prisión y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la

accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas

por un lapso igual a la privativa de la libertad, como coautores de las

conductas punibles de estafa agravada y urbanización ilegal.

El caso del ex-alcalde Jairo Alberto Llano se encuentra en el Juzgado Sexto

Penal Del Circuito de Manizales, en el cual se encuentran 2 cuadernillos donde

pesa más de una excusa por parte de Llano buscando aplazar el juicio. Llano

fue condenado por urbanización ilegal el 25 de enero de 2013, por lo cual

obtuvo detención domiciliaria debido a que se comprometió a consignar 39

millones de pesos, dinero que jamás llego a manos de la organización. En el

oficio Nº 2242 alude que en octubre 25 de 2013 le fue retirado el mecanismo

de vigilancia electrónica.

Los coautores lograron obtener prisión domiciliaria alegando que en el

momento de los hechos estaban en la condición de servidores públicos y

debían seguir los lineamientos.

En marzo de 2013 el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de

Colombia presentó un informe en el que se ubicaba al departamento de

Caldas como el segundo con más sanciones penales contra empleados

públicos por cada 100 mil habitantes. Señalando además que los alcaldes

colombianos son los funcionarios más sancionados en relación con la cantidad

de personas que ocupan este cargo. Seguido por concejales y los miembros

de la fuerza pública. La muestra abarca los fallos emitidos entre noviembre del

2011 y noviembre de 2012.

Además el estudio arrojó que el 37,5 % de las sanciones penales contra

servidores en Caldas fueron por peculado. Este es el delito en el que más

incurren los empleados del Estado y se entiende como el hurto, apropiación o

uso indebido de los bienes públicos.

Hoy el ex alcalde Jairo Alberto Llano esta con detención domiciliaria a la

espera del juicio acusado por nexos con grupos paramilitares de Caldas

durante su tiempo como alcalde. Llano es el cuarto alcalde de Caldas acusado

El departamento de Caldas es uno de los más azotados en corrupción por

parte de concejales, alcaldes y hasta un gobernador destituido, además de

estar implicados en distintos caso, por ejemplo el antecesor de Alberto Llano el

congresista Dixon Tapasco, condenado por parapolítica y es quien tiene

proceso por el asesinato del periodista Orlando Sierra . Son varios los

implicados por corrupción y de los cuales hay varios asesinatos a manos de

paramilitares buscando ajuste de cuentas

Hoy, la ONG la Isabela está a la espera de escriturar el último dueño, y se

planea disolver dicha organización debido a que ya sus pretensiones se han

resuelto, obtuvieron el terreno y pudieron escriturar sus lotes, el panorama del

barrio es un espacio con más de 5 casas en obra la negra, la única calle que

fue pavimentada se encuentra con grietas debido al material pesado que

constantemente se transita para la construcción de las nuevas viviendas. Tan

solo 10 de las 117 familias ocupan hoy el terreno la Isabela, los otros optaron

por perder la paciencia para poder construir y deciden vender los lotes.

Los habitantes de Villamaría están en una encrucijada puesto que todos los

precandidatos por la alcaldía liberales , conservadores y radicales están

divididos y en su historial aparece algún proceso con la justicia, y el reto está

en la confianza que los propios ciudadanos ponen en sus gobernadores.

Actualmente se encuentran escépticos y alertas frente a los nuevos planes de

vivienda de interés social .Hace aproximadamente 5 años se planteó un plan

de viviendas para damnificados de la ciudad de Manizales, en las cuales el

gobierno de villamaria beneficiaria a 80 familias con viviendas propias, el

proyecto tenia por nombre Urbanización Santa Ana que estaría ubicado en el

sector conocido como las granjas. De 80 casas que se tenían previsto se

construyeron 25 las cuales fueron habitadas por familias que podían adquirir a

través de compra por inmobiliarias.

Ahora la comunidad es reacia, desde el mes de enero y hasta el sol de hoy se

ha planteado un nuevo proyecto para damnificados de la ciudad de Manizales

una ciudadela de 65 apartamentos ubicados entre el barrio altos del portón y

el barrio nuevo horizontes carrera 9 con calle 10 de Villamaría , para lo cual la

junta de acción comunal de dichos barrios han acudido a un derecho de

petición, alegando porque las obras están destinadas para damnificados de la

ciudad de Manizales y no para los damnificados o familias de escasos

recursos que no cuentan con vivienda propia y que si pertenecen al municipio

de Villamaría donde serían construidas las obras.

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